La industria española defiende cambios estructurales para reducir el coste de la energía en el sector

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española propone cinco medidas para disminuir el coste de la electricidad, aumentar la competitividad y evitar la deslocalización industrial. Estas propuestas se han dado a conocer en la presentación del ‘Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española’, elaborado por EY Consulting.
 

“En España las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y, una vez incorporada la fiscalidad, nuestro país presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania, comprometiendo la competitividad española”, ha explicado Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY Consulting. “Pese a ello, contamos con una oportunidad histórica para atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables, pero para aprovecharla es preciso acometer una reducción estructural de cargos e impuestos que mejore la competitividad, promueva la creación de nuevos puestos de trabajo, potencie la actividad económica y, en consecuencia, genere nueva recaudación fiscal”.

Según la Alianza, la aplicación conjunta de las medidas propuestas permitiría reducir el precio final industrial entre un 10% y un 30%, acercándolo a los niveles de países como Francia o Alemania.

“La energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible”, ha señalado Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, durante la presentación. A su juicio, “una electricidad más competitiva es clave para hacer viables la descarbonización y el aprovechamiento del potencial renovable”. 

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que, con la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, se han adoptado algunas medidas que apuntan en la dirección correcta para las empresas, al reducir temporalmente algunas cargas adicionales sobre los precios de generación, pero ha dejado claro que “las medidas puntuales o temporales no son suficientes; desde CEOE defendemos con claridad que las medidas que realmente contribuyan a reducir los costes energéticos y reforzar la competitividad deben consolidarse con carácter estructural”.

Nuevas medidas

El informe propone un conjunto coherente de reformas con impacto estructural sobre la factura eléctrica industrial. “Porque la industria electrointensiva necesita estabilidad regulatoria para invertir. Las soluciones temporales ya no son suficientes”, ha subrayado el portavoz de la Alianza.

Las nuevas medidas propuestas son: 

1. Eliminación del IVPEE

La Alianza plantea la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), actualmente del 7%. La medida permitiría reducir el precio del mercado mayorista y trasladar reducciones a todos los consumidores, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
 

“Mantener el IVPEE en un contexto de amortización del déficit eléctrico y competencia internacional creciente es un lastre innecesario para la economía española, en general, y para la competitividad de nuestra industria, en particular”, ha afirmado Reinoso.
 

2. Ampliación de la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico

El informe propone extender la bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad a toda la industria manufacturera, reduciendo el umbral actual exigido y vinculando el acceso a compromisos acreditables de eficiencia energética. De este modo, se alinearía la fiscalidad española con la normativa europea y se ampliaría significativamente el número de empresas beneficiarias.

3. Integración de los costes de restricciones técnicas en los peajes

La Alianza defiende que los costes derivados de las restricciones técnicas del sistema eléctrico, hoy trasladados directamente al precio de la energía con elevada volatilidad, se integren en los peajes de acceso, como ocurre en la mayoría de países europeos. Esta medida permitiría estabilizar dichos costes y reducir el impacto sobre los consumidores industriales.

Con ello, la entidad aboga por reducir los servicios de ajuste que asumen los consumidores con motivo de la operación reforzada, que hasta el momento han incrementado la factura en más de 1.800 millones de euros en 2026.

4. Reducción estructural del 80% en los peajes para consumidores con alto consumo eléctrico

El informe reclama consolidar de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, evitando prórrogas anuales que generan incertidumbre. Esta previsibilidad es clave para facilitar inversiones en electrificación y descarbonización de procesos industriales.

5. Aplicación efectiva de las compensaciones por CO2 indirecto

La quinta medida propone garantizar una aplicación real del 75%–80% de intensidad de ayuda en las compensaciones por costes indirectos de CO2, dotándolas de presupuesto suficiente y permitiendo destinar a este fin al menos el 25% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión. El objetivo es evitar la fuga de carbono y proteger a los sectores más expuestos a la competencia internacional.

En este sentido, la Alianza señala que serían precisos 1.000 millones de euros para situarnos en el máximo autorizado, equiparando la situación de la industria española con la de la industria francesa y alemana.

Energía asequible para impulsar la reindustrialización

La Alianza enmarca estas propuestas en el contexto de las estrategias europeas de competitividad, como el Clean Industrial Deal y el Affordable Energy Action Plan, y subraya que España tiene una oportunidad histórica para atraer inversión industrial, siempre que se acometa una reducción estructural de los costes eléctricos.
 

El informe presentado recoge el significativo diferencial de precios eléctricos actual, que evidencia cómo muchas empresas industriales en España pagan sustancialmente más por la electricidad que en países de su entorno. Esta brecha limita la capacidad de competir en los mercados globales y amenaza con ampliarse aún más ante la mayor flexibilidad introducida por el nuevo marco europeo de ayudas de Estado, que podría incrementar el desequilibrio competitivo dentro del mercado interior.

El diferencial energético tiene además una traslación directa sobre el empleo, al aumentar el riesgo de deslocalización de actividades industriales hacia países con costes más bajos y marcos de apoyo más estables. La entidad subraya que cada decisión de inversión que se pospone o se traslada fuera de España supone una amenaza para miles de puestos de trabajo directos e indirectos y para la cohesión del tejido productivo. 

Así pues, garantizar precios eléctricos competitivos para la industria no es solo una cuestión económica, sino una condición indispensable para preservar el empleo industrial, asegurar la continuidad de las cadenas de valor y sostener un modelo de crecimiento basado en industria, innovación y empleo de calidad.

España cuenta hoy con una ventaja competitiva clara gracias a su sistema de generación eléctrica, especialmente por su potencial renovable. “El reto ahora es lograr que esa ventaja se traslade de forma efectiva a precios eléctricos competitivos para la industria. Si somos capaces de hacerlo, no solo evitaremos que el diferencial de coste eléctrico siga erosionando nuestro tejido productivo, sino que España podrá consolidarse como un polo de atracción industrial en Europa”, ha subrayado Reinoso.

En este sentido, la organización ha reiterado su disposición a trabajar con los poderes públicos para convertir estas propuestas en medidas normativas concretas que refuercen la base industrial del país.
 

“El RDL 7/2026 ha ido en la buena dirección y ha demostrado que es posible actuar con rapidez cuando la competitividad industrial está en juego. Ahora es imprescindible dar un paso más: convertir estas medidas en permanentes y complementarlas con nuevas reformas estructurales que aseguren un precio eléctrico competitivo a largo plazo”, ha concluido el portavoz de la Alianza.