La UE no alcanzará el 20% de la cuota de mercado mundial de microchips en 2030

La Unión Europea no conseguirá cumplir su objetivo de alcanzar una cuota del 20% del mercado mundial de microchips para 2030, según señala un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque la Ley Europea de Chips de 2022 ha impulsado este sector en el continente, las inversiones que ha motivado no supondrán seguramente una mejora sustancial de la situación de la UE en el terreno.

Los microchips desempeñan un papel fundamental en la vida moderna, y la escasez mundial de microchips durante la pandemia de la Covid-19 puso de relieve su importancia crítica para la economía. La estrategia de la Década Digital de la UE estableció el objetivo de que la Unión alcanzara una cuota del 20 % del valor de la producción mundial en microchips de vanguardia y sostenibles de aquí a 2030. La Comisión Europea ha avanzado de manera razonable sobre la ejecución de su estrategia, pero los auditores hallaron una brecha entre ambición y realidad.

“La UE necesita cuanto antes una dosis de realidad en su estrategia para el sector de los microchips”, afirma Annemie Turtelboom, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargada de la auditoría. “Este es un campo que cambia con rapidez, se caracteriza por su intensa competencia geopolítica, y actualmente estamos lejos del ritmo necesario para cumplir nuestras ambiciones. El objetivo del 20% era básicamente una aspiración. Para conseguirlo, nuestra capacidad de producción tendría que ser cuatro veces mayor en 2030 y estamos muy lejos de lograr esas cifras a la velocidad actual. Europa tiene que competir, y la Comisión Europea debería revisar su estrategia a largo plazo para ajustarse a la situación real”.

La Comisión solo es responsable del 5% (4.500 millones de euros) de la financiación estimada de 86.000 millones de euros para la Ley Europea de Chips hasta 2030. Se espera que el resto proceda de los Estados miembros y de la industria. A modo de comparación, los mayores fabricantes mundiales contaban con un presupuesto de 405.000 millones de euros para invertir durante un período de tres años, de 2020 a 2023, una cifra que empequeñece la capacidad financiera de la Ley Europea de Chips.

Sin embargo, la Comisión no tiene un mandato para coordinar las inversiones nacionales en el ámbito de la UE para garantizar que se ajusten a los objetivos de dicha ley, apuntan los auditores. Por otro lado, la Ley Europea de Chips no ofrece claridad en cuanto a sus objetivos y supervisión, y es difícil saber si atiende adecuadamente la demanda actual de microchips convencionales en la industria.

Existen otros factores fundamentales que afectan a la competencia de la UE en el terreno y a las posibilidades de que prospere la aplicación de la Ley Europea de Chips. Entre ellos cabe mencionar la dependencia de las importaciones de materias primas, el alto coste de la energía, las inquietudes medioambientales, las tensiones geopolíticas y los controles a la exportación, así como una escasez de mano de obra cualificada. Asimismo, la industria de microchips de la UE se compone de unas pocas empresas grandes y centradas en proyectos de alto valor, lo que supone una concentración de los fondos. Por tanto, si un solo proyecto se cancela, se retrasa o fracasa, las repercusiones pueden ser significativas en todo el sector.

Los auditores hallaron sobre todo que esta ley tiene muy pocas posibilidades de aumentar sensiblemente la cuota de la UE en el mercado de microchips, o de cumplir el objetivo del 20 % de la producción mundial. No en vano, las propias previsiones de la Comisión, que se publicaron en julio de 2024, predicen que la cuota global de la UE en la cadena de suministro del mundo solo aumentará marginalmente, del 9,8% de 2022 a un 11,7% en 2030, a pesar del importante aumento previsto en la capacidad de fabricación.

Ley Europea de Chips

La Ley Europea de Chips forma parte de la política industrial de la UE. Se introdujo en febrero de 2022 ante las perturbaciones de la cadena de suministro mundial provocadas por la pandemia de la Covid-19. El objetivo de la norma era hacer frente a la escasez de microchips y reforzar el liderazgo tecnológico de la UE. Su reglamento entró en vigor en septiembre de 2023.

Esta ley estuvo precedida por una Estrategia de 2013 destinada a reforzar los sectores microelectrónico y nanoelectrónico. Aunque la capacidad de producción de microchips de la UE aumentó sustancialmente a partir de 2013, no siguió el ritmo del crecimiento mundial, lo que significa que la cuota de la UE en el mercado mundial disminuyó.

La Ley Europea de Chips se elaboró con cierta urgencia, para dar respuesta, en parte, a la escasez sobrevenida después de la pandemia. Como consecuencia, no se siguieron los procedimientos normales para elaborar la legislación, como realizar una evaluación de las estrategias previas y una evaluación de impacto de la propuesta.

La primera evaluación intermedia y revisión de la ley por parte de la Comisión, debe presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo antes de septiembre de 2026.