AMDPress.- Los editores de prensa profesional han iniciado una campaña de pública denuncia contra Correos, ante su reiterado incumplimiento de la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, que le condenó en 2005 al pago de una multa de 900.000 euros, y que le obligaba a cesar con la discriminación que ha venido ejerciendo contra los editores de prensa profesional. Correos recurrió la sentencia y la Audiencia Nacional resolvió suspender la ejecución de la multa, pero no la exigencia de suprimir de inmediato las prácticas discriminatorias contra las publicaciones profesionales, por lo que continúa incurriendo en la desobediencia a las instancias judiciales.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha de cursar un oficio al Servicio de Vigilancia de las autoridades de competencia para el seguimiento de la ejecución de su mandato. Si Correos se atreviera a hacer una vez más caso omiso de las advertencias para cesar en la discriminación, la Asociación de Prensa Profesional (APP) ha manifestado que no dudará en emprender acciones legales por la vía penal, con lo que la cúpula de Correos se arriesga a ser procesada y a una posible inhabilitación.
Con esta posición frente a la Ley, Correos ha perjudicado gravemente la libertad de información, discriminando a la prensa profesional. Esta discriminación ha dado lugar a reajustes, cierres, pérdidas de empleo y suspensión del lanzamiento de nuevas cabeceras, y ha supuesto para los editores un gran impacto económico. Según una estimación realizada por una auditora externa, y suponiendo el mismo nivel de discriminación para todos los asociados, se cifra en torno a los 60 millones de euros el impacto económico ocasionado a los editores entre los años 2002 y 2006, entre el incremento de las tarifas, el lucro cesante, los costes laborales, la caída de las suscripciones, productos no lanzados...
En el año 2002 Correos y Telégrafos, de forma sorpresiva, aumentó un 100% sus tarifas postales para su servicio de distribución de periódicos. A los editores de diarios, no obstante, les concedió la aplicación gradual en 5 años de las nuevas tarifas. Un acuerdo del que se excluyó a los editores de prensa profesional.
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